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Abuelas pidió la máxima pena para los represores Riveros y Bignone
Abuelas de Plaza de Mayo presentó su alegato y pidió la pena máxima de 25 años para Reynaldo Benito Bignone y Santiago Omar Riveros, responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo.
El abogado de Abuelas, Mariano Gaitán, presentó durante dos horas y media el escrito en el que argumentó los motivos por los que la querella solicitó la máxima pena para el Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayo del Comando de Institutos Militares, Bignone; y para el Comandante del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, Riveros.
Con una pormenorizada exposición, el representante legal de Abuelas desplegó de manera sistemática los argumentos y las pruebas para imputar a Riveros y Bignone. Yendo “de los general a lo particular” Gaitán hizo mención al plan sistemático desplegado por la última dictadura militar, que contó con la represión ilegal para aniquilar a toda aquella persona que pensara distinto. Y aunque no se explayó demasiado en esta cuestión, porque la fiscalía ya había realizado su minuciosa descripción “y han pasado más de treinta años desde que se instauró el terrorismo de Estado, cuyo accionar hoy es de público conocimiento”; sí lo hizo con el funcionamiento del Centro Clandestino de Detención (CCD) Campo de Mayo, en donde estuvieron detenidos desaparecidos, entre muchos otros, Norma Rodríguez, Silvia Quintela, Valeria Beláustegui Herrera y Ricardo Waisberg, Mónica Masri y Carlos Roggerone, Norma Tato y Jorge Casariego, Stella Maris Dorado y José Alberto Scacchieri, todos ellos casos de Abuelas.
El alegato de esta querella confirmó la existencia de este Centro Clandestino basándose en los testimonios de quienes pasaron por ese campo de exterminio. Carlos Scarpatti, quien falleció antes de tener el derecho a ver que los responsables de estos crímenes, y de su propio calvario en el Campito fueran juzgados, había hecho una minuciosa descripción de los CCDs que existieron en Campo de Mayo y del funcionamiento de los mismos. El testimonio de Víctor Ibáñez, por su lado, también sirvió para comprender en las condiciones que vivían los detenidos desaparecidos “la vida en el Campito era en las condiciones más humillantes que pudieran existir”. El abogado de Abuelas, ilustró estas condiciones con una frase de Oscar Cobarrubias, también ex detenido de Campo de Mayo, “la única ventaja de la capucha era que por las noches tenía la certeza de que las ratas no me iban a comer las orejas y la nariz”.
Por otro lado, Gaitán se centró en la trabajo que ejercían Bignone y Riveros en Campo de Mayo y con ello en su responsabilidad por lo que allí pasaba, también recurrió a los testimonios de quienes padecieron su detención en ese CCD, y a diferentes documentaciones que detallan los años y lugares en los que ambos represores se desempeñaron como responsables de Campo de Mayo: “El mismo Riveros reconoció en otra causa, que se desempeñó como Comandante de Institutos Militares en la década del 70”, explicó Gaitán y recordó que Víctor Ibáñez declaró haberlo visto recorrer la guarnición militar. Bignone, por su parte, asumió que era conducción del Estado Mayor, y que reemplazaba al Comandante en su ausencia. En la declaración citada por esta querella, Bignone reconoció que existía un CCD en Campo de Mayo, pero aseguró que él lo conoció recién en 1981; afirmación falsa para el abogado de Abuelas, puesto que Ibáñez también aseguró haberlo visto a Bignone cuando estaba detenido.
Por último, Gaitán detalló cada uno de los casos de Abuelas llevados en esta causa, diez madres y padres que fueron detenidos desaparecidos en 1977 y cuyos hijos fueron secuestrados y apropiados. Norma Rodríguez desapareció embarazada de seis meses; Silvia Quintela embarazada de tres meses; Valeria Beláustegui Herrera estaba embarazada de 15 meses cuando desapareció con su compañero Ricardo Waisberg; Mónica Masri desapareció embarazada de dos meses junto a Carlos Roggerone; Norma Tato tenía un embarazo de cinco meses cuando desapareció con su compañero Jorge Casariego -el hijo de ambos fue restituido por Abuelas en 2007 y estaba apropiado por el médico militar Atilio Bianco-; Stella Maris Dorado y José Alberto Scacchieri fueron secuestrados con su hija de dos meses, quien recuperó su identidad en 1985. Gaitán explicó la lógica de las detenciones y cómo casi todos los casos se encontraban conectados, así como los detenidos se conocían.
La querella calificó a estos delitos de lesa humanidad, y les otorgó la tipología de autoría mediata, se trata del delito cometido por “un sujeto que imparte una orden para que sea ejecutada”. De esta manera, Gaitán calificó a Bignone y Riveros de autores mediatos de los secuestros y tormentos de estos diez hombres y mujeres y pidió al Tribunal que los condenen a 25 años de prisión efectiva, “porque es imposible concebir la democracia sobre la base del secuestro y la desaparición de 30 mil compañeros desaparecidos”.
Por último, “Quiero concluir este alegato con las tres consignas que han guiado la lucha de las Abuelas y los familiares”, expresó Gaitán, y continuó “Memoria, Verdad y Justicia, principios que debe tener en cuenta este tribunal al momento de dictar sentencia.” Y concluyó, ante una sala emocionada y llena de compañeros y familiares, entre quienes se encontraban la Presidenta de Abuelas, Estela Carlotto; la vicepresidenta, Rosa Roisinblit, y Buscarita Roa “Por los compañeros, por la Abuelas: Memoria, verdad y Justicia”.
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