El 9 de mayo de 2007 firmamos un acuerdo salarial con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), que debía ser ejecutado en 4 (cuatro) etapas, sobre la base de la presunción compartida de que las condiciones generales en las que se desarrollaría la economía de nuestro país serían tan estables como en los dos años anteriores. Sin embargo, estas condiciones se han modificado, ya que el costo de vida se ha incrementado en los últimos meses por encima de lo previsto. Y si bien esta percepción contrasta con el índice de precios al consumidor elaborado por el INDEC, es indudable que las intervenciones sobre esa institución, realizadas por el Gobierno Nacional durante el último año, han minado la credibilidad de sus mediciones.

A comienzos del mes de septiembre, como una manera de paliar esta imprevista situación, nuestra Federación presentó ante las autoridades el pedido de que se adelantara al mes de octubre de 2007 el cumplimiento de la 4ª etapa del acuerdo salarial, originariamente prevista para enero de 2008. Un mes más tarde, las autoridades de la SPU plantearon que aún no podían saber si sería posible atender el reclamo, y solicitaron más tiempo par dar una respuesta. En esta semana, el Secretario de Políticas Universitarias, Alberto Dibbern, descartó públicamente la posibilidad de que, en lo que resta del presente año, haya aumentos salariales para los docentes universitarios. Y, peor aún, expresó que “las mejoras salariales han postergado los gastos de funcionamiento de las universidades”.

Estas afirmaciones se alejan de la verdad. En primer término porque los valores de la recaudación anunciados recientemente por la AFIP dan cuenta de una importante suba porcentual en la misma. Y en segundo porque si el necesario incremento en el presupuesto para el funcionamiento de las Universidades se posterga inexplicablemente una y otra vez, ello se debe a la falta de decisión de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Nacional, que no han atendido los reclamos del sector. No puede esgrimirse el aumento de los salarios como la causa de la falta de financiamiento para otros gastos, si ambos resultan imprescindibles para un funcionamiento adecuado de las Universidades públicas. Por otra parte, y a pesar de haberse iniciado en los últimos años un proceso de recomposición, salarios y presupuestos de funcionamiento continúan alejados de alcanzar los mínimos necesarios.

Sabemos bien que el aumento del costo de la vida, que hoy nos obliga a exigir la actualización de aquel acuerdo, es, fundamentalmente, producto de la avidez de los formadores de precios, que pretenden seguir incrementando sus ganancias. En una economía caracterizada por la concentración, estos sectores aprovechan su posición dominante en el mercado para intentar generar una situación de crisis capaz de bloquear todo intento de establecer regulaciones sobre su actividad, y de modificar – a través de la intervención del Estado - las condiciones en las que el actual ritmo de crecimiento económico implica para ellos enormes beneficios. El resultado de estos aumentos es, inevitablemente, el retroceso en el proceso de recomposición del poder adquisitivo del salario de los trabajadores que lentamente se venía produciendo. Sólo una acción decidida del Estado, que asegure la actualización de los salarios y avance en el establecimiento de los controles necesarios para poner coto a la rapacidad de los sectores económicos concentrados, podrá evitar que su acción desestabilizadora impida una vez más el objetivo de realizar la justicia social a través de un proceso de redistribución equitativa de la riqueza.

En esta situación, los trabajadores no vamos a ser rehenes de la estrategia reaccionaria de esos sectores, y reclamamos la intervención del Gobierno Nacional para preservar las mejoras que hasta hoy hemos logrado, y para terminar con el chantaje de los monopolios. Por eso, de no mediar hasta el 16 de octubre una respuesta satisfactoria a nuestro pedido de que, o bien se adelanten los tiempos de cumplimiento del acuerdo, o bien se disponga un inmediato incremento del 6% en los haberes de los docentes universitarios, CONADU ha resuelto llevar a cabo un plan de lucha para profundizar este reclamo.

     Pedro Sanllorenti                                             Carlos De Feo

Secretario Adjunto CONADU                        Secretario General CONADU