En defensa del salario,
por la aprobación del Convenio Colectivo de Trabajo
y contra la especulación financiera
Documento del Plenario de Secretarios Generales de CONADU
Defensa del salario ante las maniobras especulativas
Las acciones desestabilizadoras protagonizadas por los grupos de poder económico concentrado, no son nuevas ni en nuestro país ni en el resto de Latinoamérica. El desabastecimiento, las corridas de precios así como los intentos más o menos velados por presionar a gobiernos legítimamente constituidos, tienen lugar toda vez que gobiernos de corte popular toman decisiones a favor de una justa distribución de la riqueza. Este ha sido un hecho recurrente en la historia Argentina y, sin dudar, los repudiables intentos de destitución en Venezuela también deben ser puestos en este mismo contexto.
En el transcurso de la última década, hemos vivido un proceso inédito de avance de los sectores populares, en el marco de una gradual y dificultosa recuperación de la capacidad del estado nacional para defender el interés de la mayoría. El inicio de este proceso de democratización de la sociedad argentina, que nos ha permitido comenzar a revertir los efectos nefastos de décadas de entrega de la república a la avidez del poder económico, nos ha colocado ante nuevos desafíos y ha reeditado viejas amenazas. Para poder sostener y profundizar este rumbo, se ha tornado cada vez más urgente resolver aquellas asignaturas pendientes que obstruyen la posibilidad de asegurar una justa distribución de la riqueza, condiciones de vida digna y un horizonte de futuro para todos y todas. Pero también para preservar lo que hasta ahora hemos logrado: para que nuestra democracia sea cada vez menos vulnerable a la extorsión y las maniobras de una minoría que aún conserva una enorme capacidad de daño, y que demuestra recurrentemente que no está dispuesta a confrontar en la arena política democrática su proyecto de un país para pocos.
El embate permanente de estos sectores se despliega, en los últimos años, sobre el trasfondo de una situación internacional que no deja de condicionar el escenario nacional y regional, aún cuando haber ganado importantes márgenes de autonomía para el desarrollo de la política económica haya permitido el despliegue oportuno de medidas orientadas a atemperar los efectos locales de la crisis mundial y de las decisiones que, en ese contexto, toman el poder económico y la dirigencia de los países centrales. Es evidente que ampliar y defender nuestra soberanía exige modificar sustancialmente la matriz productiva nacional, y es cierto que en ese camino tenemos mucho que discernir y debatir, en el seno del propio campo popular. Pero también es innegable que semejante propósito no podría alcanzarse inmediatamente y sin conflicto con quienes lucran con nuestra dependencia.
Este es el marco en el que entendemos deben leerse los acontecimientos de las últimas semanas, en las que la confrontación entre dos proyectos de país se expresó en una intensificación de la presión de los grupos económicos concentrados. Agroexportadores, grandes productores agropecuarios y sector financiero entre otros, pujaron en torno a la definición del valor del dólar y la suspensión de las operaciones de exportación de granos, movimiento de pinzas tendiente no sólo al objetivo inmediato de lograr mayor rentabilidad con la venta de la cosecha, sino también a una finalidad mucho más determinante para las elites oligárquicas que no se resignan a las reglas del juego democrático: torcer el rumbo de la política económica y generar condiciones para recuperar el control de los resortes institucionales que en décadas pasadas ampararon una desmesurada acumulación de la riqueza nacional en pocas manos, a costa de la destrucción del aparato productivo y la pobreza de millones.
La decisión del gobierno de producir una devaluación controlada de la moneda no puede interpretarse abstractamente, sin consideración de las condiciones en las que se produjo y desconociendo que si algo caracteriza a la heterodoxia de la política económica en curso en estos años es la persistencia de los objetivos que la orientan: la recuperación del empleo y el salario como elemento de integración social y de dinamización del mercado interno, la ampliación del campo de los derechos y la reconstrucción del Estado democrático. Los trabajadores y trabajadoras de este país no podemos equivocarnos: es preciso defender, más allá de lo que hemos logrado hasta ahora, una perspectiva de futuro que nos permita continuar profundizando la democracia y generando condiciones que aseguren el bienestar de la mayoría. Siempre hemos sostenido que las organizaciones sindicales tenemos un rol y una responsabilidad determinantes en la construcción del Estado, y en la disputa por el sentido de las políticas que orientan su acción. No somos espectadores de esta disputa, nuestro destino se juega en su resolución.
La devaluación de la moneda tiene sin dudas un impacto sobre el poder adquisitivo de los salarios. Aún cuando el conjunto de las medidas adoptadas para paliar su efecto sobre los incrementos de precios apuntan a evitar que los trabajadores paguemos el costo de esta decisión, sabemos que habrá un efecto negativo que aún no es razonablemente mensurable, precisamente porque el terreno de la fijación de precios en el conjunto de las cadenas de comercialización se ha convertido en otro escenario para esta disputa. La defensa del salario y nuestra legítima pretensión de continuar el proceso de mejora de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional se despliega hoy en este marco, y nuestras estrategias deben ser consecuentes con la comprensión de que este momento histórico exige posicionarse claramente en este escenario. Por eso, en primer término, denunciamos el carácter antipopular de las maniobras con las que se procura generar un clima de incertidumbre que algunos intentan aprovechar para continuar incrementando sus ganancias, y nos convocamos a tomar parte activa en la movilización ciudadana por el control de precios, al tiempo que reclamamos de todos los poderes del Estado la aplicación de las medidas necesarias para proteger el consumo popular.
El sostenimiento del salario y la aprobación del Convenio Colectivo de Trabajo
Una clara conclusión de los movimientos de precios que se produjeron desde el mes de enero 2014 es que se requiere obtener un incremento en nuestros haberes para no perder el poder adquisitivo del salario. El acuerdo salarial que firmáramos el año pasado, nos permitió alcanzar valores de incrementos de entre 30,5% y 31,5% para la mayoría de los cargos, otros mayores para cargos del nomenclador preuniversitario y la garantía salarial para las dedicaciones simples. En todos los casos estos valores son superiores que los de las alzas de precios obtenidos por las consultoras de grupos opositores al gobierno, para todo 2013. En nuestro caso, que utilizamos las estimaciones CIFRA-CTA, el incremento de precios para todo 2013 es del 25,6%. La última cuota del acuerdo, el 7,5%, fue cobrada con el sueldo de enero 2014 y a pesar del incremento de precios registrado en el flamante IPCNU del 3,7%, nos permitió iniciar el año con un avance salarial sin tener que esperar hasta el mes de abril o mayo como en años anteriores. Si tenemos en cuenta los otros componentes del acuerdo salarial de 2013, que incluyó fondos de capacitación en docencia y condiciones de trabajo, la aprobación y luego puesta en marcha con 200 becas del programa de finalización de Tesis PROFITE, entre otros, tenemos suficientes elementos para decir que fue un muy buen acuerdo. Sin embargo, y como expresamos en el párrafo anterior, las actuales circunstancias demandan a la brevedad la implementación de nuevas herramientas para sostener el poder adquisitivo de nuestros salarios.
Por otra parte y de manera simultánea, venimos realizando la negociación paritaria conducente a la sanción de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo. Desde CONADU, nos hemos propuesto su aprobación definitiva también para comienzos de 2014. El proyecto inicial fue elaborado por CONADU hace unos 20 años. Fue actualizado en varias oportunidades hasta nuestro último Congreso Extraordinario de 2013, siendo la nuestra, la única organización sindical que ha presentado un proyecto completo. Esta importante norma, permitirá garantizar un piso de derechos para todos los trabajadores docentes del sector. Su puesta en práctica regulará el régimen de licencias, la carrera docente, las condiciones de trabajo, la situación de los docentes interinos e incluso, la futura composición de nuestro salario y su jerarquización.
El grado de avance de la discusión de este Convenio tanto con los negociadores paritarios del CIN, como con las demás representaciones sindicales, ha permitido elaborar por primera vez un documento completo común para la discusión. El mismo representa casi un 98% de avance de lo que podría ser un texto y contempla alternativas para sostener el salario. Estos son los temas centrales de la agenda gremial de CONADU para el inicio del año. Lamentablemente, las respuestas de las Universidades Nacionales a la consulta realizada por el CIN, incluyen todo tipo de objeciones al documento de avance. Algunas están fundadas en cláusulas estatutarias y otras, son de carácter político-patronal. La enorme dispersión de opiniones, demuestra la falta de una visión común sobre el sistema universitario, condición necesaria para alcanzar un acuerdo que garantice un piso mínimo común de derechos para nuestro sector. La posibilidad de que se desate un conflicto o alcancemos un acuerdo depende entonces de que se alcance esta visión de conjunto.
EL CIN, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS DEBEN ASUMIR LA RESPONSABILIDAD QUE LES CABE. LA CONADU EXIGE UNA INMEDIATA RECOMPOSICIÓN DEL SALARIO Y LA APROBACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO, A LA VEZ QUE DENUNCIA UN NUEVO ATAQUE DE ESPECULACIÓN FINANCIERA
