El lunes 19 de marzo de 2007 en el Tribunal Oral Federal se dio inicio a una nueva audiencia del Juicio por la Verdad que impulsan los Organismos de DDHH de la ciudad de Mar del Plata desde el año 2000.
En esta oportunidad se recibieron dos nuevos testimonios: la Sra. Elena Arena y la Sra. Noelia Pantano, quienes fueron convocadas en función de avanzar en el conocimiento de los grupos de ultraderecha que, con anterioridad al golpe de estado operaban en nuestra ciudad, particularmente la Concentración Nacional Universitaria (CNU).
En primer lugar prestó declaración testimonial la Sra. Elena Arena, quien actualmente pertenece al Sindicato de Prensa de Mar del Plata. La Sra. Arena relató que entre setiembre de 1974 y el mismo mes de 1975 se desempeñó como empleada administrativa en la Facultad de Derecho, siendo su principal función la protección de la documentación relacionada con los libros de actas de exámenes, pagos de sueldos a profesores, etc. Al mismo tiempo que trabajaba, estudiaba Sociología y Ciencias Políticas en la Facultad de Humanidades, desarrollando su militancia política en el peronismo de base.
En aquella época la situación era muy difícil tanto para profesores como para estudiantes y personal no docente debido a las frecuentes amenazas que sufrían por parte de los sectores de derecha. Estos sectores también solían irrumpir en la facultad para destruir la documentación, debido a lo cual en estas oportunidades debían abandonar el lugar de trabajo ingresar al Obispado por el pasaje Catedral, adonde escondían los documentos. El regreso o no a la sede de la Facultad, dependía de las circunstancias debido a que generalmente los grupos del CNU y de la burocracia sindical se quedaban haciendo guardia.
Cuando ocurrían estos hechos los floristas Tortosa, padre e hijo, los prevenían. A la fecha, ambos se encuentran desaparecidos. En otras ocasiones cerraban las puertas, apagaban las luces y se quedaban dentro hasta que pasaran los «fachos». La Sra. Arena relató que recientemente fue a requerir la documentación que certifica sus servicios de aquella época pero se le informó que no se contaba con ningún dato suyo.
Debido a los episodios descriptos, los integrantes del Centro de Estudiantes armaron un círculo de seguridad, controlando el ingreso. De este modo se garantizaba la continuidad de la tarea educativa. El rector de esa época, el Dr. Grinberg también recibió amenazas de muerte. En febrero de 1975, al retomarse las clases en la Facultad de Humanidades, que funcionaba en ese entonces en Maipú y Marconi, se produjo un corte de luz, los balearon y tuvieron que resguardarse en los armarios, resultando herida una compañera de apellido Guacoroni. Antes de que este hecho ocurriera, en la plaza se encontraba la policía, pero al acontecer la agresión la policía ya no se estaba en el lugar, lo que hizo sospechar que se trató de una «zona liberada».
En Marzo de 1975, tras la muerte de Piantoni, a quien reconoce como uno de los que ingresaban al Pasaje Catedral tocando el bombo y armado, unos compañeros de la JUP, entre ellos, Jorge Casales, les dicen que había que retirarse debido a las amenazas. Se declaró un paro del transporte y se detectó que ingresaron personas que no eran de Mar del Plata, las que circulaban en grupo y en autos. El 21 de marzo de 1975 se produjo el asesinato de Pacho Elizagaray, de sus primos y su tío, apellidados Videla, y de Goldenberg.
Permanentemente había amenazas contra las autoridades de la Universidad, especialmente en contra del Dr. Grinberg y de la Licenciada María del Carmen Maggi. Según la testigo estas amenazas se debían que los grupos de derecha consideraban a la Facultad de Derecho «un nido de zurdos» y la vinculaban con el asesinato de Piantoni.
La testigo manifestó que en aquel entonces se enfrentaban dos proyectos políticos opuestos y antagónicos: uno intentaba cambiar una sociedad injusta y desigual, y el otro mantener el status quo y los privilegios. Los grupos de derecha consideraban enemigos a todos aquellos que no pensaran como ellos, aún cuando no se tratase de militante de una organización política.
En mayo de 1975 secuestraron a Coca Maggi, por lo que la facultad no abrió. Ingresaron a la Catedral y hablaron con Monseñor Sidotti, quien estaba devastado por ese suceso. Unos días antes la testigo y otra compañera habían hablado con Maggi recomendándole que se fuera de la ciudad, pero ella contestó que no se iría ya que no pertenecía a ninguna organización y no tenia nada que temer.
El cura Sorrentino se hizo cargo de la administración de la Universidad Católica en setiembre de 1975 y toda la situación cambió. Como primera medida despidió a todo el personal no docente, y amenazó a quienes no querían hacerlo con entregar sus datos al servicio de inteligencia. Los miembros de la CNU también comenzaron a ingresar a la Facultad, situación que antes no se daba. Recordó como integrantes de la CNU a Demarchi, Corres, Gómez y Viglizzo, de quienes dijo que eran los ideólogos de dicha organización.
En noviembre de 1975, la detuvieron junto con sus compañeros del peronismo de base en un operativo de las Fuerzas Conjuntas integrado por policía federal argentina, marina, ejército y policía bonaerense. Fueron trasladados a la Base Naval. Allí pudo reconocer a algunas compañeras tales como Mónica Lorenzini, Silvia Clementi, Estela Lombardo (desaparecida) y Gregoria Marin.
Tanto en la Base Naval como en la 9 de Julio se encontraban encapuchados y fueron maltratados. En el último lugar mencionado, fueron torturados, no ella personalmente pero si sus compañeros. Estaban «clandestinos».
Posteriormente los trasladaron a la Comisaría 4º, donde había una persona que decía ser secretario de un juez, junto con un médico que los revisó para saber si habían sido torturados, circunstancia que fue corroborada por Mónica Lorenzini, Jorge Defalco y un compañero de apellido Ramis. En este lugar eran vigilados por soldados del Ejército.
El 10-12-1975 fue traslada a la carcel de Olmos donde se encontró con Isabel Ecker, Silvia Clementi y Mabel Grinberg. Se le informó que eran presas políticas y que estaban detenidas legalmente. A pesar de esto algunas tienen causas legales y otras no. En ese momento les pudieron avisar a sus familiares donde están, ya que los mensajes anteriores no les habían llegado. En enero de 1976 se presentó el juez Dr. González Echeverry y el secretario Leónidas Fiore, a quienes conocía de la Facultad de Derecho. Se le informa que tiene una causa abierta, siendo el fiscal Gustavo Demarchi y la defensora Teodoris.
Su madre presentó Habeas Corpus ante los Tribunales Federales de Mar del Plata, el primero el 16-11-1975, pero nunca le informaron de su paradero. El 13-08-1976 le otorgaron el sobreseimiento provisorio, quedando a disposición del PEN. Solicitó el derecho de opción a salir del país en reiteradas oportunidades, pero éste le fue denegado.
Finalmente fue trasladada a Devoto en octubre de 1976 adonde permaneció detenida hasta el 4 de enero de 1980, fecha en la que salió con libertad vigilada. Primero estuvo en Balcarce, reportándose periódicamente en la SIDE de Mar del Plata, que funcionaba en Gascón y Entre Rios. Finalmente, en octubre de 1980 se le efectúo el levantamiento del PEN. La Sra. Arena dijo tener la documentación respectiva.
En segundo lugar prestó declaración la Sra. Noelia Pantano quien relaltó que en 1971 ingesó como estudiante en la Facultad de Derecho. Después de la muerte de Silvia Filler, se involucró en el movimiento peronista universitario. En 1973 empezó a trabajar como personal no docente de esa casa de estudios.
En 1973 se produjo la toma de la Facultad por el no arancelamiento de la misma, siendo apoyado por todo el estudiantado. El Dr. Grinberg fue nombrado rector y Maria del Carmen Maggi secretaria general. Habia preocupación por el traspaso de la Universidad Católica a la Provincial, ya que no se sabía si se iba a respetar o no la antigüedad del personal no docente. La situación política se fue agravando, agudizada luego de la muerte de Perón. En la Facultad ingresaban grupos de ultraderecha y de la CNU con el ánimo de amedrentarlos. A mediados de 1975 se va de la facultad debido a que la situación era insostenible después del asesinato de Piantoni. Este hecho condujo al asesinato de Elizagaray y los Videla, y la crisis se agudizó aún más luego del secuestro de Coca Maggi. La seguridad de los compañeros peligraba.
La testigo, quien fue militante de la JUP, relató que hacía apoyatura escolar en los barrios junto con Dolores Muñiz, a quien en una ocasión una persona, presuntamente policía, la amenazó con un arma y le pidió los documentos, quedándose con ellos. Ante esto sus compañeros le dijeron que se fuera, pero debido a la situación familiar que vivía, decidió quedarse, sacando un nuevo documento en la localidad de Dolores. Volvió a su casa y comenzó a cursar nuevamente. Dolores Muñiz fue secuestrada el 17 de marzo 1976 y continúa desaparecida.
La Sra. Pantano relató que se fue de la ciudad en abril de 1976 y que en setiembre de ese año su madre la visita en La Plata, informándole que informándole que un grupo de personas la había ido a buscar a su casa. Recordó que en el diario EL DIA de La Plata o en Clarín salió publicada una nómina de prófugos por el atentado a un tal Capitán Rey. Ella supone que esos nombres fueron obtenidos del listado de no docentes de la Facultad, ya que se mencionaba a Elena Dalera, que no militaba en ninguna organización política. A Dalera la interrogaron acerca de la Sra. Pantano, supuestamente fue detenida pero la testigo nunca más la vio.
Recuerda como integrantes de la JUP al «armenio» Abachian, Federico Celesia, Federico Baez, Néstor Suarez, Virginia Tempone, su novio Andrés Trupel, Martín Garamendi.
Mencionó que los grupos de derecha ingresaban corriendo a la Facultad. Si bien no recordó si llevaban armas, una vez oyó que decían «Ahi entra el Gordo Oliveros», perteneciente a la CNU y a la Juventud Sindical, pero ella no lo vio. Otras personas de la CNU que estaban en la facultad eran Corres, Viglizo, Demarchi, Piantoni, Piatti, Delgado, Vives.
Tenía relación con la Licenciada Maggi debido a que se desempeñaba como secretaria general y, además, porque había sido profesora suya.
La Sra. Pantano no posee constancia de certificación de servicios de esa época. Le dijeron que los archivos fueron quemados durante el proceso.
Afirma que las amenazas y posterior asesinato de Coca Maggi pudo tener relación con el traspaso de la Universidad Católica a la Provincial, y por su vinculación con el grupo de estudiantes de la JUP.
